La policía abrió una investigación después de que el jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel muriera tras chocar con el portero del equipo contrario durante un partido. Se trata del procedimiento habitual tras una muerte no natural, pero eso no significa por sí solo que el incidente vaya a dar lugar a cargos penales. Los tribunales españoles han establecido una distinción entre los incidentes que pueden sancionarse conforme a las reglas deportivas y las conductas que podrían constituir un delito; a la espera de los resultados de la investigación, las circunstancias comunicadas hasta ahora parecen ajustarse más a las primeras.

Una sentencia del Tribunal Supremo de 2025 ofrece orientación. Se refería a un partido amateur en Barcelona en el que un jugador que había sido expulsado volvió al campo y pateó por detrás a un rival cuando el balón no estaba en juego, causándole una lesión medular. Las circunstancias difieren notablemente del partido entre el Tenerife y el Andorra, pero el tribunal expuso principios para distinguir una colisión durante el juego de una agresión delictiva.

El concepto central es el «riesgo permitido»: la posibilidad de sufrir una lesión que los jugadores aceptan al participar en un deporte competitivo. La cuestión clave no es necesariamente la gravedad de la lesión, sino si el jugador que la causó pretendía hacer daño o actuó sabiendo que podía causarlo. El Tribunal Supremo distinguió los incidentes derivados del propio juego de los actos ajenos al juego cometidos con intención de causar lesiones. Los primeros suelen resolverse mediante sanciones deportivas; los segundos pueden tener relevancia penal.

Los procedimientos deportivos y penales no se excluyen mutuamente. Una tarjeta roja o una sanción disciplinaria posterior no descartan, por sí solas, la responsabilidad penal. En un caso de 2022, la Audiencia Provincial de Madrid consideró una patada durante el juego como una infracción para las autoridades deportivas, mientras que un puñetazo propinado después de detenerse el juego dio lugar a una condena por agresión con lesiones.

Que el balón estuviera en juego y disputándose es otro factor pertinente. En un caso de 2009, la Audiencia Provincial de Zaragoza absolvió a un portero cuyo lance durante un partido amateur fracturó la tibia y el peroné de un rival. Los jueces señalaron que un jugador podría afrontar consecuencias penales por una acción imprudente si no tenía una posibilidad real de jugar el balón, golpeaba con fuerza a un rival y podía prever que se produciría una lesión, aunque no tuviera intención de causarla.

El informe del árbitro también puede tener peso cuando los testigos ofrecen versiones contradictorias. En el partido del Tenerife, el informe arbitral señaló que el portero del Andorra, Jesús Owono, fue expulsado por golpear con fuerza a De Miguel con la pierna, empleando una fuerza excesiva mientras se disputaba el balón.

Según la información disponible, una condena penal parece improbable, aunque la investigación no ha concluido. El abogado penalista José María de Pablo describió la entrada como imprudente, incluso de imprudencia grave, pero aun así propia del juego. El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, también dijo a EFE que sería muy difícil abrir un procedimiento penal.

Si fuera procesado, Owono podría enfrentarse a un cargo de homicidio por imprudencia. El artículo señala que la pena potencial sería de uno a cuatro años de prisión por imprudencia grave, o una multa de tres a 18 meses si la imprudencia se calificara como menos grave. Las sanciones deportivas podrían incluir una suspensión de hasta 12 partidos.

Fuentes: El País Deportes.